El GEN llevará al juez la destrucción del yacimiento de Sant Jordi
El grupo ecologista GEN ha pedido la destitución del jefe de Arqueología del Consell por haber avalado la destrucción de los restos hallados frente al hipódromo. ENE ha denunciado el caso en la Fiscalía.
EIVISSA | J. M. L. ROMERO
La sección de Patrimonio del Grup de Estudis de sa Naturalesa (GEN) anunció ayer que ampliará la denuncia presentada ante los juzgados por la destrucción de varios yacimientos arqueológicos en las obras del segundo cinturón y que interpondrá otra por las destrucciones producidas en las obras de construcción de la autovía al aeropuerto. Al propio tiempo, la organización ecologista exigió al presidente del Consell Insular, Pere Palau, que destituya inmediatamente como jefe del servicio de Arqueología de la institución a Joan Ramon Torres por amparar técnicamente la «sistemática destrucción de valiosos yacimientos arqueológicos de las Pitiüses».
Los ecologistas consideran que Ramon «hace el trabajo sucio de la política de destrucción del patrimonio arqueológico pitiuso, cuando debería ser el garante de su conservación y protección como técnico, por lo que debería estar por encima de cambios e ideologías políticas».
La gota que ha colmado el vaso es, a juicio del GEN, «su actuación sobre el yacimiento de Sant Jordi que ha sido arrasado para poder hacer viable la autovía del aeropuerto, a pesar de su importancia patrimonial e histórica». Lo ocurrido lo califican de «intolerable», tanto como el hecho de que haya «bendecido la destrucción de un acueducto romano y una necrópolis romana y otros muchos yacimientos» en los últimos dos a?os.
«Al servicio de los constructores»
«La actuación de Joan Ramon es la de un cómplice necesario en la devastación de nuestro patrimonio arqueológico, que está conociendo una ola de agresiones sin precedentes y de la que no hay comparación posible en nuestra historia».
El jefe del departamento de Arqueología «trabaja, igual que su superior político, el conseller de Patrimonio Joan Marí Tur, al servicio de los constructores, limpiando el camino de restos históricos».
Desde el GEN también se descalifica a los integrantes de la ponencia técnica de Patrimonio y de la Ciotupha, «cómplices silenciosos de la agresión contra los tesoros históricos» al haber aceptado los informes y planteamientos de los técnicos y políticos de la conselleria «si ponerlos en cuestión».
Entesa lleva el caso a la Fiscalía
Por otra parte, Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) trasladará a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) la destrucción llevada a cabo el pasado lunes del yacimiento romano de Can Pere Arabí, junto al hipódromo de Sant Jordi, al entender que se ha cometido un delito contra el patrimonio histórico tipificado en el artículo 321 del Código Penal.
Los econacionalistas piden, asimismo, la dimisión del conseller insular de Patrimonio, Joan Marí Tur, «por el enésimo episodio de dejadez en sus funciones en las obras de construcción de las autovías de Eivissa». La solicitud se basa «en su constante alineamiento con la modernización de las infraestructuras viarias en detrimento de la protección del Patrimonio.
Al igual que el GEN, desde ENE «se deplora los constantes informes del arqueólogo del Consell», que nunca dan importancia a los yacimientos y «ponen siempre por encima los intereses del Consell en la ejecución de las obras».
En agosto de 2005, ENE presentó una denuncia ante la Fiscalía del TSJB. El pasado 29 de septiembre, el fiscal Manuel Campoy comunicó la apertura de diligencias informativas y la remisión del asunto al juzgado de instrucción con la petición de que se incoaran diligencias previas por la comisión de un delito contra el Patrimonio.
EIVISSA | J. M. L. ROMERO
La sección de Patrimonio del Grup de Estudis de sa Naturalesa (GEN) anunció ayer que ampliará la denuncia presentada ante los juzgados por la destrucción de varios yacimientos arqueológicos en las obras del segundo cinturón y que interpondrá otra por las destrucciones producidas en las obras de construcción de la autovía al aeropuerto. Al propio tiempo, la organización ecologista exigió al presidente del Consell Insular, Pere Palau, que destituya inmediatamente como jefe del servicio de Arqueología de la institución a Joan Ramon Torres por amparar técnicamente la «sistemática destrucción de valiosos yacimientos arqueológicos de las Pitiüses».
Los ecologistas consideran que Ramon «hace el trabajo sucio de la política de destrucción del patrimonio arqueológico pitiuso, cuando debería ser el garante de su conservación y protección como técnico, por lo que debería estar por encima de cambios e ideologías políticas».
La gota que ha colmado el vaso es, a juicio del GEN, «su actuación sobre el yacimiento de Sant Jordi que ha sido arrasado para poder hacer viable la autovía del aeropuerto, a pesar de su importancia patrimonial e histórica». Lo ocurrido lo califican de «intolerable», tanto como el hecho de que haya «bendecido la destrucción de un acueducto romano y una necrópolis romana y otros muchos yacimientos» en los últimos dos a?os.
«Al servicio de los constructores»
«La actuación de Joan Ramon es la de un cómplice necesario en la devastación de nuestro patrimonio arqueológico, que está conociendo una ola de agresiones sin precedentes y de la que no hay comparación posible en nuestra historia».
El jefe del departamento de Arqueología «trabaja, igual que su superior político, el conseller de Patrimonio Joan Marí Tur, al servicio de los constructores, limpiando el camino de restos históricos».
Desde el GEN también se descalifica a los integrantes de la ponencia técnica de Patrimonio y de la Ciotupha, «cómplices silenciosos de la agresión contra los tesoros históricos» al haber aceptado los informes y planteamientos de los técnicos y políticos de la conselleria «si ponerlos en cuestión».
Entesa lleva el caso a la Fiscalía
Por otra parte, Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) trasladará a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) la destrucción llevada a cabo el pasado lunes del yacimiento romano de Can Pere Arabí, junto al hipódromo de Sant Jordi, al entender que se ha cometido un delito contra el patrimonio histórico tipificado en el artículo 321 del Código Penal.
Los econacionalistas piden, asimismo, la dimisión del conseller insular de Patrimonio, Joan Marí Tur, «por el enésimo episodio de dejadez en sus funciones en las obras de construcción de las autovías de Eivissa». La solicitud se basa «en su constante alineamiento con la modernización de las infraestructuras viarias en detrimento de la protección del Patrimonio.
Al igual que el GEN, desde ENE «se deplora los constantes informes del arqueólogo del Consell», que nunca dan importancia a los yacimientos y «ponen siempre por encima los intereses del Consell en la ejecución de las obras».
En agosto de 2005, ENE presentó una denuncia ante la Fiscalía del TSJB. El pasado 29 de septiembre, el fiscal Manuel Campoy comunicó la apertura de diligencias informativas y la remisión del asunto al juzgado de instrucción con la petición de que se incoaran diligencias previas por la comisión de un delito contra el Patrimonio.
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