28 de octubre de 2008

Ibiza - Baleares

La constructora del cinturón destruyó restos arqueológicos sin control previo

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102700_2_282026__PITISES-I-BALEARS-obras-segundo-cinturon-destruyeron-bienes-arqueologicos-control

La perito del Ministerio de Cultura recomienda por su valor historico un estudio del yacimiento púnico que no fue excavado si existen posibilidades de seguir haciéndolo fuera de la zona afectada por la carretera

El titular del Juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha decidido citar a declarar como imputados por un supuesto delito contra el Patrimonio Histórico al constructor Matías Arrom Bibiloni y al jefe de Obras de la ampliación del segundo cinturón de ronda, Sancho Álvares, para que den explicaciones de por qué se destruyeron restos arqueológicos de valor sin un control previo tal como marca la ley. El magistrado basa su argumentación en el informe pericial realizado por Concha Martín, jefa de sección de Arqueología del Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura, ratificado posteriormente por ella misma en sede judicial.

El juez asegura a tenor de este informe que el primer hecho en el tiempo denunciado fue la destrucción de una cisterna púnico romana hallada en la zona de Can Misses. Este hecho fue denunciado en noviembre de 2004, lo cual provocó una actuación de la conselleria de Patrimonio. Se excavaron los restos de la cisterna y, acto seguido, el técnico de Patrimonio del Consell informó favorablemente a la continuación de las obras del segundo cinturón, con el visto bueno, además, de la Comisión Insular de Patrimonio (Ciotupha) el 2 de diciembre de 2004.

La perito, según relata el juez en el auto, se muestra conforme con que no procedía la conservación de esta cisterna «por el grado de destrucción» de la misma, aunque apunta que podría formar parte de un yacimiento arqueológico «mucho más amplio». No obstante, debe quedar claro, apunta el magistrado, que ello sólo puede suponerse, y que, por tanto, no se puede concluir que existía este yacimiento y que las obras pudieron afectarle. En su declaración, la especialista del Ministerio de Cultura no pudo pronunciarse sobre cuál hubiese sido «el destino correcto» para la cisterna en el caso de no haber sido destruida.

El siguiente hallazgo, unos restos arqueológicos púnicos situados entre Puig d´en Valls y Jesús, y la actuación de la constructora llevan al juez a pedir la imputación de Matías Arrom y el jefe de Obras. En su relato de los hechos, el magistrado apunta que en este momento ya se lleva a cabo un seguimiento arqueológico de las obras, pero señala que «los técnicos contratados se quejan de que no se les pasa aviso previo de la zona donde se va a trabajar para poder efectuar bien su trabajo, lo que provoca un conflicto con ellos que acaba incluso con la rescisión de la relación de servicios».

Delito continuado

«Este yacimiento no es excavado, no es estudiado y no pueden establecerse valoraciones precisas sobre su valor, aunque la perito les atribuye un valor arqueológico e histórico y apunta la posibilidad de que se realice un estudio del mismo si existen posibilidades de excavación fuera de la zona afectada por la carretera», apunta el auto judicial, que agrega: «A la vista de lo anterior, ya aparece clara la necesidad de la imputación de Matías Arrom Bibiloni y de Sancho Álvares, quienes deben dar explicaciones sobre en qué momento se detectaron estos restos, qué comunicaciones administrativas realizaron sobre el hallazgo, y si, como se deriva de las testificales, se dificultó el seguimiento arqueológico de los técnicos».

Sobre el camino de Puig d´en Valls, declarado Bien de Interés Cultural, la perito no pudo pronunciarse sobre el grado de intensidad de la destrucción, pero aseguró que se produjo «en un grado u otro». Esta afirmación lleva al juez a pedir de nuevo la imputación del constructor y el jefe de Obras por este hecho, «nueva imputación que ya convertiría el delito presuntamente cometido en continuado», según señala el juez.

También se destruye una sitja situada a unos 150 metros al sudoeste de Can Misses, prosigue el auto judicial, de la que la empresa arqueológica encargada del seguimiento de las obras había informado previamente que debía ser excavada antes de la continuación de las obras, «lo que no se hizo». «Es un hecho más a sumar a las imputaciones», señala el magistrado, al igual que la destrucción de una necrópolis romana en la zona de Puig d´en Valls y la destrucción de un tramo de 200 metros de un acueducto romano de 2.000 años de antigüedad, «más cuando la Ciotupha acabó informando favorablemente a la preservación del tramo conservado del acueducto localizado en el extremo de la rotonda construida frente a Cas Ferró», la central eléctrica de GESA.

Posibles nuevas imputaciones

En un nivel de menor gravedad, por la falta de determinación del valor arqueológico real, estaría la destrucción de un nuevo yacimiento arqueológico en la zona de Can Sifre y de dos elementos patrimoniales más (un pozo y una mina de agua), según señala el auto judicial. «No es obstáculo a la imputación el que se ignore el grado de intencionalidad que pudo concurrir en la destrucción de estos yacimientos, pues cabe recordar que el Código Penal castiga la causación tanto dolosa como imprudente, y no puede decirse que, cuando menos después del primer hallazgo, no cupiera esperar otros», destaca el magistrado, que está a la espera de que el Consell de Eivissa le confirme si en verdad no incoó ningún expediente sancionador en materia de Patrimonio contra la constructora y, de ser así, qué persona o personas tenían facultad para ordenarlo, para decidir sobre la petición del GEN de que se impute al ex conseller de Patrimonio Joan Marí Tur.

Los hallazgos destruidos

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102700_2_282027__Pitises-i-Balears-hallazgos-destruidos

CISTERNA PÚNICA Cisterna púnica
Zona: Can Misses
La perito asegura que por el grado de destrucción no era necesaria su conservación, pero podría formar parte de un yacimiento mayor.

Yacimiento púnico
Zona: Puig d´en Valls y Jesús
Este yacimiento no es excavado ni estudiado. Los arqueólogos contratados son despedidos después de quejarse de que no les habían avisado previamente. La perito les atribuye un valor arqueológico e histórico.

Camino Puig d´en Valls
Protegido con la figura BIC
La perito no puede pronunciarse sobre el grado de destrucción de este elemento protegido

Sitja y necrópolis romana
Can Misses y Puig d´en Valls
Se destruye una sitja pese a que los arqueólogos contratados aseguran que debía excavarse. También se eliminan los restos de una necrópolis romana.

Acueducto romano
Zona: Frente a GESA
Las obras también se llevan por delante un tramo de 200 metros de un acueducto romano de 2.000 años de antigüedad. El juez destaca su importancia en el hecho de que el Consell aprobó luego la preservación del tramo conservado situado en la nueva rotonda situada frente a GESA.

Yacimiento y pozo
Zona: Can Sifre
El juez recuerda que, en un nivel de menor gravedad por la falta de determinación del valor arqueológico real, se destruyeron otro yacimiento, un pozo y una mina de agua.

El GEN solicita la imputación de Pere Palau y Joan Marí Tur


http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102700_2_282185__Pitises-i-Balears-solicita-imputacion-Pere-Palau-Joan-Mari

El Grup de Estudis de sa Natura, GEN, solicita la imputación del ex presidente del Consell de Eivissa, Pere Palau, y el ex conseller de Patrimonio, Joan Marí Tur, por presuntos delitos contra el patrimonio histórico en las obras de las autovías de la isla. Según el portavoz de la entidad, Mariá Marí, en 2005 el GEN denunció por vía penal delitos contra patrimonio histórico que afectaron a muchos bienes destruidos en la ejecución de las obras sin análisis previo.

Una denuncia cuyo "resultado final, aunque muy provisional" ha sido la imputación del constructor, Matías Arrom Bibiloni, y el jefe de Obra de la ampliación del segundo cinturón de ronda, Sancho Álvares. Unas imputaciones que son para la agrupación "sólo un paso previo".

Para el portavoz esto "es sólo un comienzo" ya que hay muchas cosas pendientes. La auditoria "dará luz a un proceso de ilegalidad que se vino acometiendo" y demostrará que las carreteras tenían una finalidad como es dar cobertura a intereses privados "aparte de la seguridad en la que se respaldaron".

Marí destacó que durante todo este tiempo se pusieron sobre la mesa una serie de "malas prácticas", así como "falta de consenso social e imposiciones" a la hora llevar a cabo "un proyecto de destrucción indiscriminada sin ningún tipo de control" hechos que suponen "extremos totalmente inadmisibles".

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